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Según se indica en una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sigla en inglés), un importante proveedor de un producto financiero llamado adelanto de dinero para comerciantes extrajo dinero regularmente de sus cuentas bancarias sin el debido consentimiento, incluso después de que los clientes ya habían pagado el dinero adeudado.

En su demanda contra Yellowstone Capital, Fundry, su fundador y director ejecutivo Yitzhak Stern, y su presidente Jeffrey Reece, la 51±¾É«alega que los mencionados extrajeron millones de dólares de las cuentas bancarias de sus clientes de manera ilegal, y que en las ocasiones en que otorgar reembolsos, se tardaron semanas o hasta meses en otorgarlos.

Andrew Smith, Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, dijo al respecto: "En este momento, los pequeños negocios están luchando por salir adelante y necesitan fuentes de financiación responsables. Asegurar que los proveedores de préstamos y financiación no engañen a los negocios prestatarios o que incurran en abusos en la prestación de sus servicios representa una gran prioridad para la FTC".

Los adelantos de dinero para comerciantes, conocidos como MCA, por su acrónimo de merchant cash advances, son una forma de financiación por medio de la cual los demandados le entregaban dinero por adelantado a un pequeño negocio a cambio de que ese negocio le devolviera una suma de dinero más alta a través de pagos automáticos diarios.

Según se indica en la demanda de la FTC, Yellowstone ha extraído regularmente cientos o miles de dólares de las cuentas bancarias de los negocios durante varios días después de que los clientes hubieran repagado la totalidad de los montos adeudados en sus contratos. En algunos casos, Yellowstone reembolsó este dinero sólo después de que los negocios se quejaran, y aún así, tardaron semanas o meses en cumplimentar los reembolsos, con lo cual los pequeños negocios se quedaron sin posibilidades de disponer del dinero con el que necesitaban contar. En la demanda también se citan ejemplos de negocios que, como resultado de las extracciones no autorizadas, quedaron adeudando cargos por sobregiro a sus respectivos bancos.

Asimismo, en la demanda se alega que Yellowstone engañó a potenciales clientes durante años con respecto al monto de dinero que recibirían debido a que en el contrato indicaban el monto sin incluir los cargos adicionales que descontarían del monto mencionado. Según se señala en la demanda, estos cargos totalizaban cientos e incluso miles de dólares, y, en algunos casos, no se los informaban a los negocios hasta después de que se firmaran sus contratos, y a raíz de esto, uno de los dueños de un negocio les dijo a los demandados: "lo de ustedes es como un robo a mano armada".

Además de extraer pagos no autorizados y no entregarles a los negocios el monto de dinero prometido, en la demanda también se alega que los demandados se valieron de prácticas de marketing engañosas para promocionar sus servicios. En la demanda se establece específicamente que Yellowstone prometió que a los dueños de los negocios no se les exigiría ningún aval y que tampoco serían sujetos de una garantía personal. Estas promesas aparecieron en anuncios publicados en línea y en otras formas de marketing, pero en varios casos, en los contratos de Yellowstone efectivamente se les requería a los dueños de los negocios que asumieran una responsabilidad personal en caso de que su negocio no efectuara los pagos, como así también que colocaran el negocio y todos sus activos como garantía colateral.

En la demanda se alega que estas prácticas infringen las disposiciones de la Ley de la FTC.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 4-0-1, la comisionada Rebecca Kelly Slaughter registrada como no participante y el comisionado Rohit Chopra emitió una declaración separadamente. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una "razón para creer" que los demandados mencionados en la demanda están infringiendo la ley o están a punto de infringirla y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. El caso será decidido por la corte.